Cómo fue la votación

La sesión comenzó con fuertes cruces políticos y después de varias cuestiones de privilegio. Recién cerca de las 13, los diputados lograron alcanzar los dos tercios para habilitar el tratamiento. De los 241 legisladores presentes, la mayoría apoyó abrir el debate.

El resultado final fue contundente: 172 votos afirmativos que enviaron un claro mensaje político al Ejecutivo.

Argumentos a favor de la ley

La primera en tomar la palabra fue la diputada Vilma Ripoll (Frente de Izquierda), que celebró el inicio del debate:

“Qué alegría que hayamos podido habilitar la discusión. Los familiares están esperando que hagamos realidad esa necesidad”.

El radical Ricardo López Murphy planteó críticas tanto al sistema como al Gobierno:

“El sistema de protección por discapacidad está atrapado en normas confusas y una burocracia paralizante. La ley tiene falencias, pero la actitud del Ejecutivo de no actualizar los aranceles es aún peor”.

Desde el bloque Democracia para Siempre, su presidente Pablo Juliano cuestionó los números del veto:

“La recomposición de las prestaciones equivale al 0,03 % del PBI, pero en el decreto Milei habla de 6 %. Es una mentira. No somos golpistas ni genocidas, defendemos a millones de argentinos que hoy sufren”.

En la misma línea, Margarita Stolbizer cargó contra el oficialismo:

“El fallo del juez federal de Campana confirma que el impacto fiscal es ínfimo y que los argumentos del veto son arbitrarios. No son capaces de resolver un problema gravísimo: la atención a las personas con discapacidad”.

Por su parte, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) llamó a humanizar el debate:

“Cinco millones y medio de argentinos tienen alguna discapacidad. No podemos descartarlos ni tratarlos como una carga. Es un deber moral y político garantizarles derechos básicos”.

La defensa del veto

En la vereda opuesta, el oficialismo defendió la decisión presidencial. Martín Maquieyra (PRO) apuntó contra la gestión kirchnerista:

“El retraso en el nomenclador no es nuevo: en 2021, 2022 y 2023 se desfinanció el sistema. Nunca les importó la discapacidad. La hipocresía de hoy es insostenible. Háganse cargo del desastre que dejaron”.

El argumento central del Gobierno sigue siendo el impacto fiscal, aunque distintos informes —incluida la Oficina de Presupuesto del Congreso— sostienen que el costo sería mucho menor al planteado en el veto.

Qué establece la ley

La norma declara la emergencia en discapacidad, establece la actualización automática por inflación de las prestaciones, eleva los montos de las pensiones y mejora la cobertura en salud, rehabilitación y asistencia para las familias.

De acuerdo a cálculos técnicos, su impacto económico rondaría entre 0,22 % y 0,42 % del PBI, cifras muy por debajo del 6 % que argumenta el Gobierno.

Un debate que trasciende la política

Más allá de la discusión presupuestaria, el debate expuso la realidad de miles de familias que hoy no pueden acceder a tratamientos, medicamentos o cuidados básicos. Legisladores de distintos bloques denunciaron además manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pidieron “terminar con la corrupción y garantizar derechos”.

Lo que viene

Con la media sanción ratificada en Diputados, el futuro de la ley dependerá ahora del Senado de la Nación. Si la Cámara Alta también rechaza el veto, la norma quedará promulgada de forma automática y el Ejecutivo deberá instrumentarla.

El resultado de esta votación significó un duro golpe político para Javier Milei, quien apostaba a blindar su decisión. La oposición, en cambio, salió fortalecida mostrando unidad en un tema sensible y de fuerte impacto social.