La medida contempla la venta del 44 % de las acciones a inversores privados, junto a un Programa de Propiedad Participada (5 %) destinado a los trabajadores. Pese a la apertura al capital privado, el Estado conservará el control mayoritario (51 %) junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Actualmente, NASA está compuesta por un 79 % de acciones del Estado nacional, 20 % de la CNEA y 1 % de ENARSA. Con el nuevo esquema, ENARSA deberá transferir su participación al Estado, y la propia NASA cederá un 0,01 % en ENARSA.

Argumentos oficiales

Desde el Ejecutivo se sostiene que la intervención estatal no garantizó eficiencia económica y que la llegada de capital privado permitirá:

• Financiar la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).
• Completar el sistema de almacenamiento en seco de combustibles en Atucha II.
• Reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos de gestión.

En 2023, NASA recibió transferencias de capital por $700 millones, y en 2024 logró un récord de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. Pese a estos números, el decreto remarca la necesidad de socios privados para sostener las inversiones futuras.

El proceso será ejecutado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, con licitación nacional e internacional bajo la Ley 23.696. También intervendrá la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada.

Resistencias en el Congreso

Mientras el oficialismo avanza con la iniciativa, los bloques opositores ya adelantaron que resistirán la venta de NASA, argumentando que se trata de una empresa estratégica para la soberanía energética y científica del país.