Según explicó el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, se trata de un tipo de estado de excepción “que nunca antes se ha dictado en Venezuela” y que marcaría un precedente histórico.

De aplicarse, Maduro podría ordenar movilizaciones de tropas, disponer de fondos fuera del presupuesto, restringir la libertad de tránsito e incluso confiscar bienes privados en función de la emergencia. También tendría la posibilidad de limitar o suspender derechos, salvo aquellos expresamente protegidos por la Constitución, como el debido proceso o la libertad de pensamiento.

Riesgos de abuso de poder

Para Daniels, la principal preocupación es que se trata de un poder discrecional que, sin controles efectivos, podría usarse con fines políticos más que para responder a una amenaza real. “El uso de medidas extraordinarias sin control parlamentario real ni supervisión independiente puede derivar en un recorte de libertades y en un reforzamiento del poder político del Ejecutivo en detrimento de los ciudadanos”, advirtió.

El decreto, en caso de formalizarse, debería ser aprobado por la Asamblea Nacional —dominada por el chavismo— y revisado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, también bajo control oficialista. Si obtiene el aval, entraría en vigencia por 90 días prorrogables por otros 90.

Contexto de tensión con Estados Unidos

La propuesta surge tras el despliegue militar de Washington en el Caribe, donde fueron enviados ocho buques de guerra, un submarino nuclear, cazas F-35B y más de 4.500 soldados, además de hundirse cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico venezolano, según la versión estadounidense.

Maduro denunció que se trata de un intento de “forzar un cambio de régimen” y justificó la medida como una respuesta para “respaldar y activar todas las fuerzas de la sociedad venezolana frente a un eventual ataque”.

Derechos en juego

ONGs y especialistas alertan que el mayor riesgo es la suspensión de derechos ciudadanos, en un país donde experiencias previas de estados de excepción mostraron abusos y restricciones que excedieron lo previsto en la ley.

El eventual decreto colocaría a Venezuela en un escenario delicado: entre la tensión externa con Estados Unidos y la profundización de un modelo político que, en nombre de la emergencia, podría recortar aún más las libertades internas.