El escrito, firmado por Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato, junto a 28 legisladores más, se apoya en el artículo 66 de la Constitución Nacional. La iniciativa denuncia que los hechos revelados en la investigación internacional —entre ellos, un giro de 200 mil dólares en 2020 de parte del empresario narco Fred Machado y el uso de su avión privado— hacen “insostenible” la continuidad de Espert en el Congreso.

El jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, fue categórico:

“No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”.

En la misma línea, las diputadas Sabrina Selva, Gabriela Estévez y Julia Strada advirtieron que Espert “es una vergüenza institucional” y que “las pruebas abundan”, exigiendo su salida inmediata tanto de la presidencia de la Comisión como de la banca legislativa.

Mientras tanto, Espert rechazó las acusaciones y las tildó de “campaña sucia”. Pero la presión política y judicial crece: desde Texas, la investigación contra Machado y su socia Debra Mercer-Erwin —condenada a 16 años por narcotráfico y lavado— sigue revelando detalles sobre el presunto financiamiento narco de las campañas del economista libertario.