El proyecto fue impulsado por los senadores Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y Lorena Mandagarán (GEN), y establece que los dispositivos electrónicos solo podrán utilizarse en clase cuando su uso sea requerido por los docentes.

La iniciativa surge en un contexto de alerta educativa: según las últimas pruebas Aprender, el 46% de los estudiantes de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura. Especialistas advierten que el uso excesivo de pantallas fragmenta la atención, dificulta la concentración y afecta los procesos de aprendizaje.

En sus fundamentos, la norma remarca que los celulares generan distracciones, fomentan la multitarea y reducen la interacción entre pares, lo que puede derivar en problemas de aprendizaje y de salud física y mental en la niñez.

La prohibición se alinea con políticas ya implementadas en la Ciudad de Buenos Aires y en países como Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China, donde se busca mitigar los efectos negativos de las pantallas en las aulas.

Desde la Legislatura aclararon que la medida no implica excluir la tecnología de la educación, sino integrarla de manera segura y pedagógica, preparando a los docentes para aprovechar sus beneficios sin que interfiera en la enseñanza.