El malestar en el sector de la salud pública se agudizó este martes, luego de que el Poder Ejecutivo promulgara la Ley de Emergencia en Pediatría, pero suspendiera su aplicación, condicionándola al Presupuesto. La decisión, que se sumó a medidas similares tomadas con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, provocó una ola de indignación y una fuerte respuesta por parte de la comunidad médica, de pacientes y docentes.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan anunció que presentará una denuncia penal este miércoles por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Además, el gremio impulsará un pedido de juicio político contra los funcionarios, en lo que representa una escalada en el conflicto.

Luciana Corasaniti, madre de una niña con una enfermedad autoinflamatoria rara tratada en el Garrahan, se unió a la lucha desde Mar del Plata. "Se luchó mucho por lograr esta ley. Estamos codo a codo con los trabajadores, defendiendo este hospital", declaró. Su hija, uno de los dos únicos casos en el Garrahan, depende de la excelencia de sus profesionales para mejorar su calidad de vida. "No podemos darnos el lujo de que renuncien más profesionales", enfatizó Corasaniti, integrante del colectivo Soy Garrahan.

Desde el staff médico, Guadalupe Pérez, jefa de Infectología del hospital, calificó la decisión del gobierno como "completamente inconstitucional". Lamentó el desgaste del personal, la falta de reemplazos y el deterioro de la calidad de atención. "Esto es un atropello al sistema institucional", sentenció, confirmando que evalúan acciones judiciales.

La medida del Ejecutivo también golpeó al sector universitario, que se encuentra en huelga en reclamo por el financiamiento de las casas de altos estudios. Lucía Ortega, docente de la UBA, criticó la "ilegalidad" de la promulgación sin implementación y calificó la medida como "una burla a la sociedad". La docente destacó la movilización de toda la comunidad educativa y aseguró que continuarán con medidas de fuerza hasta lograr la aplicación efectiva de la ley.

El paro en el Garrahan, convocado antes de conocerse la decisión del Ejecutivo, adquirió un "valor doble", según Gerardo Oroz, de ATE Garrahan. El referente sindical llamó a la población a rechazar "esta política del Gobierno". En una asamblea en el hospital, representantes legales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se sumaron a la discusión para analizar las vías judiciales, mostrando una articulación entre diferentes sectores que se sienten afectados por las políticas de desfinanciamiento.

El conflicto se profundiza y se judicializa, mientras la movilización de los tres sectores en lucha (salud, educación y discapacidad) busca consolidar un frente de resistencia ante lo que consideran un ataque coordinado a los pilares del Estado de Bienestar.