Desde hace meses, cientos de familias con integrantes que sufren enfermedades o discapacidades severas viven una profunda angustia. El motivo es la suspensión repentina y sin notificación previa de las pensiones no contributivas por invalidez que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) cortó a partir de 2024. Los afectados, que perdieron un ingreso económico vital, comenzaron a inundar los tribunales del país con acciones de amparo para reclamar la reinstauración de los beneficios.

Los casos se replican en todo el territorio nacional y reflejan una situación de alta vulnerabilidad. Matías M., un hombre de 39 años con queratocono, perdió su pensión en diciembre de 2024, tras haberla obtenido en 2023. Desempleado y en lista de espera para un trasplante de córnea, se quedó sin sus únicos ingresos. La misma situación padeció Andrés B., de 45 años, con hemiparesia. Impedido de trabajar, desde mayo de este año no recibe su pensión, lo que lo dejó sin medios para cubrir sus necesidades médicas y de alimentación.

Otro de los afectados es Máximo B., un joven de 20 años con trastorno generalizado del desarrollo, a quien la Andis le canceló la asistencia en agosto. La suspensión afectó directamente la cobertura médica que recibía a través del programa Incluir Salud, financiado por el mismo beneficio. Sus padres se enfrentan a la difícil tarea de buscar un centro de día para el año próximo, mientras lidian con la respuesta de la Anses, donde les informaron que la Andis decidió una "suspensión preventiva" sin notificar a la familia ni permitirles presentar pruebas para defender su derecho.

Fallas en el organismo y respuesta de la justicia

El "destrato" de la Andis es un denominador común en las demandas judiciales. Los afectados relatan no solo la falta de aviso, sino también la nula respuesta del organismo a sus reclamos, a pesar de esgrimir razones humanitarias. Muchos se quedaron sin terapias, transporte especial y medicamentos de un día para otro, una consecuencia directa del recorte estatal en la búsqueda de equilibrio fiscal.

La desesperación de los damnificados se hizo visible la semana pasada en la sede de la Andis, en Belgrano. Ante la falta de respuesta del interventor Alejandro Vilchez a un pedido de reunión, familiares de personas afectadas irrumpieron por la fuerza en el edificio, clamando por una solución.

La reacción judicial no se hizo esperar. Horas después del incidente, el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Andis que en 24 horas restableciera las pensiones suspendidas en todo el país. Aunque el organismo demandado ya anticipó que apelará el fallo, la decisión fue celebrada por la ex defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham. "En alguna parte de la Justicia empieza a haber cierta reacción frente a esta decisión tan inhumana del gobierno", declaró, destacando el importante precedente del fallo.

Graham criticó duramente el accionar del gobierno, señalando que la situación demuestra un "goce particular del gobierno en hacer sufrir al otro". Además, puso de relieve el bajo impacto presupuestario de las pensiones frente al enorme sufrimiento que causan los recortes. "Hay chicos que han dejado de ir a la escuela porque ya no tienen su transporte especial que los lleve", ejemplificó.

Un escándalo de corrupción que se suma a la crisis

La indignación de las familias se intensificó semanas atrás con el escándalo del "Coimasgate". Audios filtrados atribuidos al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien ejecutó las auditorías que dieron lugar a los recortes, sugerían un esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos del organismo. La investigación judicial, en la que se sospecha de la participación de la hermana del presidente, Karina Milei, avanza bajo secreto de sumario.

Mientras la Justicia busca desentrañar la trama de corrupción, las familias con personas con discapacidad continúan en la incertidumbre y la desesperación, a la espera de que sus derechos sean restituidos en el marco de una crisis humanitaria que se agudiza día a día.