El país amaneció el 23 de octubre con una historia que parecía repetirse: una mujer desaparecida, una madre desesperada y una justicia que tardaba. Pero esta vez, las amigas no se callaron. El caso de Lowrdez Fernández, exintegrante de Bandana, mostró con crudeza cómo la violencia de género sigue chocando con la inercia institucional, pero también cómo una red de mujeres puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Todo comenzó semanas antes, cuando Lowrdez dejó de responder mensajes. Su madre, Mabel López, notó las señales: audios entrecortados, voz quebrada, un hombre de fondo. La preocupación creció hasta que decidió denunciar. La acompañó Lissa Vera, amiga y compañera artística, quien también presentó una denuncia formal. Ambas se ampararon en la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género, que permite que cualquier persona denuncie si sospecha de hechos de violencia.

Sin embargo, pasaron casi 14 horas hasta que el juez Santiago Bignone ordenó el allanamiento. Horas en las que Lowrdez seguía encerrada, vulnerable. Cuando finalmente la Policía ingresó al departamento de Ravignani 2186, en Palermo, la encontraron descompensada, sin lesiones visibles pero con signos de sedación y encierro. Su pareja, Leandro García Gómez, intentó escapar por una ventana y fue detenido.

El caso dejó al descubierto algo que los feminismos denuncian hace años: la lentitud judicial mata. Si las mujeres de su entorno no hubieran actuado con insistencia, el desenlace pudo haber sido trágico.

 “Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”

Las palabras de Lissa Vera resumen el espíritu de este caso: denunciar también es cuidar. Mabel y Lissa rompieron con el mandato del silencio y pusieron el cuerpo frente a la inacción institucional. Ambas sabían que la ley las respaldaba, pero que el tiempo jugaba en contra.

La historia de Lowrdez no es aislada. Cada 31 horas una mujer es asesinada en Argentina. En muchos casos, había denuncias previas o alertas que no fueron escuchadas. Por eso, el caso Fernández deja un precedente clave: el Estado tiene la obligación de intervenir incluso sin la ratificación de la víctima cuando hay riesgo evidente.

Hoy, Lowrdez se recupera bajo cuidado médico y psicológico. Su agresor está detenido y procesado por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por violencia de género. La causa avanza, pero lo que queda en evidencia es algo mucho más profundo: el sistema judicial no puede seguir esperando que las víctimas pidan ayuda desde el encierro o el miedo.

El feminismo, una vez más, demostró su red. Las mujeres que la rodean, sus compañeras, su madre, sus amigas, fueron las que sostuvieron la consigna más vital de todas: “Nos cuidamos entre nosotras.”