La iniciativa busca profundizar la desregulación del mercado de trabajo, eliminar juicios laborales y limitar las negociaciones paritarias, bajo el argumento de “modernizar” el sistema.

Con un panorama legislativo más favorable tras el triunfo electoral, el presidente Javier Milei y su equipo económico, encabezado por Luis Caputo, pretenden concretar lo que no pudieron imponer con la Ley Bases, cuyo capítulo laboral fue parcialmente anulado por la Justicia.

 El nuevo proyecto laboral: “flexibilización” y pérdida de derechos

Según adelantaron funcionarios, la reforma contempla la eliminación de las paritarias colectivas y su reemplazo por acuerdos “libres” por mérito individual, el fin de la indemnización por despido, la imposibilidad de iniciar juicios laborales, la derogación de convenios colectivos de trabajo y la libre elección de la moneda salarial.

Otra de las medidas impulsadas es convertir el empleo registrado en una forma de monotributismo laboral, donde el trabajador facture en lugar de recibir un recibo de sueldo.

 Opiniones y advertencias

El exministro de Trabajo Carlos Tomada advirtió que el plan “lleva al mundo del trabajo a su fin”. “Nada bueno puede esperarse de un Gobierno que insiste en el ajuste y la pérdida de derechos. Ya lo vimos antes: la informalidad no se resuelve con reformas laborales”, señaló.

En la misma línea, la abogada laboralista Laura Sasprizza consideró que el proyecto “es un segundo intento de arrasar con los derechos conquistados”. “El Gobierno vuelve a la carga con lo que no logró en 2023. Es peligroso para el futuro laboral del país”, sostuvo.

Por su parte, Romina Picirillo, de ATE Capital, alertó que los empleados públicos “también están en la mira” y que la reforma “profundiza el deterioro de los salarios y de la estabilidad laboral”. Según una encuesta de la Fundación Germán Abdala, el 63% de los trabajadores estatales tiene otro empleo por la pérdida del poder adquisitivo, estimada en un 40%.

 El “decálogo” del FMI

El documento técnico que acompaña el acuerdo con el Fondo incluye una lista de reformas estructurales exigidas a la Argentina:

1. Reforma tributaria que mejore la “equidad” del sistema.
2. Desregulación del mercado eléctrico mayorista.
3. Reforma del sistema previsional.
4. Eliminación de los fondos fiduciarios.
5. Racionalización de entidades extrapresupuestarias.
6. Plan de privatización de empresas estatales.
7. Unificación de bases de datos para asistencia social.
8. Revisión del sistema de coparticipación federal.
9. Presupuesto de déficit cero y control de riesgo fiscal.
10. Reforma de responsabilidad fiscal con menos sanciones a evasores.

Este “decálogo desregulador” se alinea con las políticas de ajuste estructural que el FMI promueve desde los años 90, ahora reeditadas en el marco del nuevo acuerdo de metas fiscales.

 Un escenario de tensión social

Con la CGT en alerta y los gremios preparando medidas de fuerza, la discusión promete convertirse en uno de los ejes políticos más calientes de fin de año. Mientras tanto, los sectores laborales advierten: “El costo de estas reformas lo pagarán los trabajadores”.