El efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado de rociar con gas pimienta a una niña de 10 años y a su madre durante una manifestación, enfrentará un juicio oral y público. La solicitud fue elevada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien calificó el accionar del agente como "desproporcionado e injustificado", además de violar los protocolos sobre el uso racional de la fuerza.

El incidente, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso de la Nación durante una protesta en defensa de los derechos de los jubilados, involucró a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre, Carla Pegoraro. Rivaldi, que en aquel momento se desempeñaba en la División DOUCAD, accionó su disuasivo presurizado a corta distancia contra las víctimas, quienes se encontraban sentadas en la vía pública y no ofrecían resistencia ni agredían a la autoridad.

El hecho generó una fuerte polémica, especialmente después de que se difundieran videos y fotografías que documentaron la agresión. La fiscalía consideró probados los daños sufridos por las víctimas, incluyendo una conjuntivitis química en la menor, diagnosticada en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, y la irritación y dolor que padeció su madre por varios días.

A pesar del respaldo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció en su momento al efectivo, la Justicia ha avanzado en la causa. Rivaldi será juzgado por los delitos de abuso de autoridad y lesiones. El fiscal Taiano destacó que el uso del gas pimienta fue indebido, ya que los protocolos establecen que debe dispararse con un ángulo de al menos 45 grados para dispersar a la multitud, y no directamente a las personas, lo que puede causar daños graves.

La elevación a juicio representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para Fabrizia y su madre. La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento contra Rivaldi, rechazando los intentos del Ministerio de Seguridad de desligarlo de la agresión. Ahora, la palabra final la tendrá un tribunal oral, que deberá determinar la responsabilidad del agente en un caso que puso en evidencia los riesgos de la represión policial en manifestaciones pacíficas.