En lo que va del año se registraron en la Argentina 137 notificaciones por sospechas de casos de fiebre amarilla. La cifra, publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional, representa un 30% más que la media de notificaciones de los cinco años previos. Si bien no hubo contagios confirmados, el dato se da en el marco de una fuerte preocupación regional por el avance de la enfermedad y en un contexto nacional donde el gobierno de Javier Milei restringió el acceso a la vacuna: solo es gratuita en zonas de riesgo, pero el resto de la población debe pagar unos 220 mil pesos por una dosis en caso de viajar a regiones afectadas.

La alarma se encendió a partir de un informe de la la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que dio cuenta de casos confirmados más allá de la región amazónica, con cifras preocupantes en Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. En toda América Latina la OPS reportó un total de 350 contagios y 150 muertes por fiebre amarilla, con una letalidad de alrededor del 42 por ciento. La mayoría de quienes sufrieron cuadros graves y fallecieron no habían recibido la vacuna.

Pese a que las principales sociedades médicas argentinas emitieron un comunicado conjunto solicitando que se revise la decisión de quitar la gratuidad de la vacuna a nivel nacional, el Ministerio de Salud –a cargo de Mario Lugones- sostiene el acceso restringido.

Todo esto se da mientras sigue firme –pese a los reclamos- la convocatoria a un encuentro con expositores antivacunas en el Congreso de la Nación.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Medicina (SAM), la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (SLAMVI), la Asociación Argentina de Microbiología (AAM), la Sociedad Argentina de Virología (SAV), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) difundieron el 25 de septiembre un comunicado conjunto donde plantearon que “genera gran preocupación la publicación del Ministerio de Salud de la Nación del día 13 de agosto de 2025, sobre la decisión de acotar la vacunación contra fiebre amarilla en el sistema público de salud solo a la población que reside en áreas que se consideran de riesgo en Argentina, sin tener en cuenta a viajeros que se desplazan dentro y fuera del país por motivos turísticos y de otra índole”.

Las sociedades científicas pidieron que “se revise esta decisión. No propiciar el acceso a una herramienta con demostrada eficacia para una enfermedad inmunoprevenible de alta letalidad implica un riesgo tanto individual como colectivo que puede y debe ser evitado”.

En su comunicado, recordaron que se trata de “una enfermedad viral grave prevenible por vacunación. Tiene alta letalidad y riesgo de propagación internacional, representando una posible amenaza para la seguridad sanitaria global” y que “los desplazamientos de personas potencialmente virémicas hacia áreas vulnerables pueden desencadenar brotes significativos en regiones donde existen vectores competentes y poblaciones susceptibles por falta de vacunación”. Ante este panorama, alertaron sobre la necesidad de tener en cuenta los flujos de turismo y las migraciones.

Cabe señalar también que no existe tratamiento específico validado para esta entidad más allá del manejo sintomático y de sostén. Las sociedades médicas hicieron hincapié en que “la prevención de la fiebre amarilla depende fundamentalmente de la vacunación. La vacuna es segura y eficaz: una sola dosis genera inmunidad adecuada en el 99% de los vacunados dentro de los 30 días posteriores a su aplicación y confiere protección de por vida en la mayoría de los casos”.

En Argentina está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación para las provincias consideradas de riesgo de transmisión por la presencia de vectores y antecedentes históricos de casos: Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy. En el contexto epidemiológico actual la OPS, en su “Alerta Epidemiológica-Fiebre Amarilla en la Región de las Américas” de mayo del 2025, recomienda vacunar en forma universal a la población infantil en países endémicos y asegurar la vacunación de todos los viajeros a áreas endémicas, por lo menos 10 días antes de viajar.

Según consignó el diario La Nación, la respuesta del Ministerio de Salud ante la alerta y los planteos científicos fue que monitorean la situación para eventualmente “definir si hay que modificar en algo el programa de vacunación vigente”, pero que por el momento y pese al riesgo latente no se contempla hasta ahora volver a otorgar las vacunas de forma gratuita ni solicitarle a las prepagas u obras sociales que lo hagan, ya que -al no estar en el Calendario Nacional- “no tienen la obligación”. De acuerdo a ese medio, desde la cartera que conduce Lugones “manifestaron, con ironía, que las jurisdicciones podrán afrontar los costos de los ‘subsidios para viajeros’ si así lo consideran”.

En las últimas horas y en el marco de la circulación de estas alertas, el Ministerio de Salud se pronunció para reforzar su postura: envío de más dosis a las zonas afectadas, sin cobertura para población de otras zonas que decida viajar. El motivo: ahorro económico (que perdería sentido en caso de brote) y lógica de mercado. «En agosto de este año, la cartera nacional tomó la decisión de garantizar la distribución de la vacuna sólo en los territorios de riesgo de circulación. Esta medida busca optimizar el uso de los recursos del Estado priorizando la protección de las poblaciones expuestas al ciclo selvático de transmisión. Con estas medidas, la cartera sanitaria reafirma su rol de rectoría y planificación, garantizando que los recursos y las vacunas lleguen donde realmente se necesitan».