Suspenden matrícula a psicólogo de Quilmes por abuso sexual a pacientes vulnerables
El Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicólogos del Distrito XII resolvió suspender por 12 meses la matrícula profesional de Paolo Carlos Becerra, psicólogo de Quilmes, luego de una investigación interna que corroboró múltiples denuncias por abuso sexual y manipulación emocional hacia mujeres en situación de vulnerabilidad. La decisión se basa en violaciones al Código de Ética profesional, específicamente los artículos 6 y 25, relacionados con el respeto a la dignidad de las personas y la responsabilidad profesional.
Las denuncias contra Becerra comenzaron a surgir a principios de 2024, cuando un grupo de mujeres, inicialmente unidas por el ámbito de la psicología, decidió romper el silencio y denunciar abuso sexual, manipulación y tocamientos por parte del profesional. Con el tiempo, se descubrió que los testimonios de las denunciantes coincidían, revelando un patrón de conducta que se extendía por años. Una de las denunciantes expresó: "La forma de operar de esta persona es sutil, prolija, silenciosa. No puede quedar impune. Lo que hace es perverso. Atiende a población femenina en estado de vulnerabilidad, y se aprovecha de eso para obtener sus beneficios".
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Tribunal de Disciplina optó por una sanción temporal de 12 meses, amparado en el artículo 31 inciso b del Reglamento Disciplinario de la entidad. Esta decisión ha generado controversia, ya que muchos consideran que la sanción no es proporcional a la gravedad de los hechos denunciados.
Además de la sanción colegial, Becerra enfrenta denuncias penales por abuso sexual a pacientes mujeres adultas, las cuales están siendo investigadas por la UFI 8 del Departamento Judicial Quilmes. Las denunciantes han expresado su preocupación por la posibilidad de que Becerra continúe ejerciendo como terapeuta, poniendo en riesgo a futuras pacientes.
Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia ética en la profesión psicológica y la necesidad de sanciones adecuadas ante conductas que atentan contra la integridad de las personas.
Comentarios
Deja tu comentario