El Juzgado Federal N°2 de Catamarca resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablezca la totalidad de pensiones suspendidas en todo el país y pague el importe de los haberes de pensión retenidos. Además, en la mañana de este viernes, un grupo de personas se manifestó en la sede central de la Agencia en el barrio porteño de Belgrano por la falta de cumplimiento de un aumento de aranceles para los prestadores y por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con la medida cautelar, el titular del Juzgado --Guillermo Díaz Martínez-- le dio un plazo de 24 horas a Andis para pagar los importes y le pidió que, hasta que no haya una sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías propuestas en el decreto 843/2024 y de "disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral".

"La sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa", explicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Por este motivo, la resolución del Juzgado catamarqueño hace extensiva la protección a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente.

"El restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad", aseguraron desde el CELS.

La causa fue iniciada por el defensor del pueblo de la provincia de Catamarca e impulsada entre otras organizaciones por la Asociación Azul, la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS y por personas afectadas. Además, contaron con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

En septiembre, luego de una presentación judicial realizada por la Defensoría del Pueblo y respaldada por el Gobierno de Formosa, se habían dejado sin efecto las suspensiones de las pensiones en la provincia del norte del país.