El proyecto, impulsado por legisladores del Frente Amplio y acompañado por representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, obtuvo una mayoría suficiente para su aprobación tras años de debate político y social.

La nueva normativa garantiza el derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir, permitiendo que personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimiento físico o psíquico insoportable, puedan solicitar la eutanasia bajo estrictas condiciones médicas y legales.

Podrán acceder al procedimiento ciudadanos uruguayos (naturales o legales) y extranjeros con residencia habitual comprobada en el país.

El Poder Ejecutivo dispondrá ahora de un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley y conformar la Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública. Este organismo estará integrado también por representantes del Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Dicha comisión tendrá la tarea de supervisar los procedimientos, garantizar la transparencia y elaborar un informe anual dirigido al Ministerio de Salud y a la Asamblea General.

Con esta aprobación, Uruguay se suma a un grupo reducido de países —como España, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda— que reconocen la eutanasia como un derecho humano vinculado a la autonomía y la dignidad de las personas.

El histórico paso uruguayo reaviva el debate ético y jurídico en América Latina sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y el final del sufrimiento.