La declaración generó críticas en distintos sectores del Congreso y reavivó el debate sobre la transparencia y la formación de quienes representan al pueblo. 

Reichardt explicó que “firmó en buena fe” y que asumió que todo estaba en orden, pero reconoció que se trataba de papeles que “no entendía bien” y que sólo revisó lo esencial. Su discurso generó sorpresa al interior del Parlamento, donde varios legisladores responsabilizaron a los equipos técnicos por el acompañamiento que deben tener los nuevos legisladores. El episodio resalta la importancia que tiene la lectura y la comprensión de los documentos jurídicos que integran el accionar parlamentario. 

Desde distintos bloques opuestos al suyo, se lamentó que la declaración contribuya a reforzar la imagen de desconexión de algunos sectores de la política con las obligaciones institucionales. Uno de ellos manifestó: “No es cuestión de capacidad narrativa o simpatía, sino de asumir con responsabilidad los cargos que se ocupan”. A su vez, organizaciones civiles recodaron que los representantes deben leer y entender los reglamentos para evitar vacíos o abusos de poder.

En el contexto de su asunción que ocurrirá en breve, los cuestionamientos también apuntaron al sistema interno de capacitación parlamentaria. ¿Cómo se asegura que quienes ingresan conozcan reglamentos, funciones, obligaciones? ¿Qué papel juegan los asesores? ¿Y qué sanciones existen cuando un legislador admite ignorar lo que firmó? Este caso lo pone de manifiesto.

Reichardt sostuvo que “esto se aclarará en las próximas semanas” y que centrará su tarea en presentar proyectos vinculados a la transparencia y “la simplificación de los textos legales”. Pero la confesión dejó una marca en la agenda política: cuando un representante admite no haber leído lo que firmó, la credibilidad puede verse seriamente perjudicada.