La medida alcanzó fusiles de calibre superior al .22 LR, con cargadores de quita y pon, lo que fue criticado por organizaciones como Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Red Argentina para el Desarme, que advierten que en Argentina “ya circulan cerca de 4 millones de armas en el mercado ilegal” y que “entre 7 y 8 personas mueren por disparos de arma de fuego cada día”. 

Las entidades críticas solicitaron que se frene la medida, señalando que no hubo debate público ni análisis detallado de impacto, y que la ampliación del mercado civil de armamento pesado puede agravar la violencia armada, el narcotráfico y las redes de contrabando. 

Desde el Gobierno, en tanto, se sostiene que la regulación apuntará al “deporte de tiro” y a usuarios que acrediten antigüedad, plus de seguridad y pertenencia a entidades de tiro; sin embargo, el nuevo régimen aún carece de todos los reglamentos operativos.