Las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala alcanzaron en 2025 su nivel más alto desde que se tiene registro, con 5.238 casos documentados por la Udefegua. El dato surge en un escenario atravesado por tensiones políticas y disputas institucionales durante el gobierno de Bernardo Arévalo de León.

Según el relevamiento, el número de ataques representa un incremento del 26,7 % en comparación con 2024, lo que marca la mayor suba interanual registrada por la organización. Este crecimiento fue calificado como inusual por entidades civiles, que señalan una tendencia sostenida de hostigamiento hacia quienes denuncian abusos o irregularidades.

El informe titulado Comunidades que resisten indica que la mayoría de las agresiones se concentraron en el ámbito digital. Aproximadamente cuatro de cada cinco casos correspondieron a campañas de desprestigio, que incluyeron estigmatización, hostigamiento y difamación. Estas acciones fueron ejecutadas en gran parte mediante estructuras conocidas como “netcenters”, utilizadas para amplificar mensajes y atacar reputaciones en plataformas en línea.

Además de los ataques virtuales, el documento registra hechos de violencia directa. Durante 2025 se confirmaron 12 asesinatos vinculados a la defensa de derechos humanos, entre ellos activistas ambientales, periodistas y representantes sindicales. Estos episodios evidencian riesgos que trascienden el plano digital y afectan la integridad física de los involucrados.

El reporte también advierte sobre un aumento en la judicialización de líderes sociales e indígenas. Casos como los de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos bajo cargos de terrorismo, son señalados como ejemplos de un contexto en el que la acción judicial es utilizada como mecanismo de presión.

Por otra parte, las mujeres defensoras enfrentaron formas específicas de violencia, con ataques dirigidos a su reputación y su participación pública. Organizaciones destacaron que estas prácticas se inscriben en un entorno que combina desigualdades estructurales con tensiones políticas.

Frente a este panorama, Udefegua consideró positiva la creación de una política pública orientada a la protección de defensores, aunque remarcó la necesidad de que su implementación sea efectiva y rápida por parte de las autoridades correspondientes.