El Gobierno nacional difundió un nuevo relevamiento oficial sobre la población en situación de calle en todo el territorio argentino, arrojando una cifra inferior a las diez mil personas. Según el informe elaborado por el área de Desarrollo Social, este número representa una estabilización de la problemática habitacional extrema, atribuyendo la cifra a la efectividad de los programas de asistencia y refugios temporales gestionados por el Estado.

Sin embargo, los datos oficiales han generado un inmediato rechazo por parte de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, que denuncian una subrepresentación crítica de la realidad. Estas entidades señalan que los relevamientos independientes y los censos populares realizados en los grandes centros urbanos muestran cifras significativamente superiores, advirtiendo que la metodología utilizada por el Gobierno podría estar omitiendo a sectores vulnerables que no acceden a paradores oficiales.

El debate se centra en la metodología de recolección de datos y en el impacto de la crisis económica en los indicadores de indigencia. Mientras el Ejecutivo defiende sus estadísticas como una base para el diseño de políticas públicas focalizadas, los especialistas en la materia advierten que minimizar la escala del problema dificulta la asignación de recursos necesarios para abordar las causas estructurales de la falta de vivienda en el país.