El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma estructural del sistema de atención y protección para personas con discapacidad. La iniciativa establece, como eje central, un proceso de reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones y beneficios actuales, con el objetivo declarado de auditar la transparencia en la asignación de recursos y actualizar la base de datos nacional.

La nueva normativa prevé modificaciones en los criterios de otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y propone una revisión de ciertos beneficios económicos y exenciones que, según el texto oficial, requieren una readecuación al contexto fiscal actual. Desde el Gobierno sostienen que esta medida permitirá identificar irregularidades y garantizar que la asistencia llegue a quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad, optimizando el presupuesto destinado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sin embargo, el anuncio ha despertado preocupación en diversas organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de familiares, quienes advierten sobre el riesgo de burocratización y la posible pérdida de derechos adquiridos. Las entidades destacan que la obligatoriedad del reempadronamiento podría generar barreras de acceso para personas con movilidad reducida o que residen en zonas alejadas. El debate legislativo se perfila como uno de los más intensos del periodo actual, con el foco puesto en el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la garantía de derechos humanos.