El Gobierno nacional promulgó finalmente la reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Entorno Periglaciar. La medida, oficializada este viernes, introduce cambios sustanciales en la gobernanza de estos ecosistemas críticos, siendo el punto más destacado la delegación de las facultades de control y monitoreo a las provincias.

Con esta modificación, las jurisdicciones provinciales tendrán la responsabilidad primaria de autorizar o restringir proyectos mineros, energéticos o de infraestructura en áreas cercanas a los glaciares. Hasta ahora, el Estado nacional mantenía una tutela más directa a través del Inventario Nacional de Glaciares y organismos científicos centralizados. La reforma argumenta que este traspaso de facultades respeta el dominio originario de los recursos naturales que poseen las provincias según la Constitución Nacional.

La promulgación ha sido recibida con visiones contrapuestas. Por un lado, las provincias con potencial minero y las cámaras empresariales sostienen que la medida agilizará las inversiones y permitirá un desarrollo económico más dinámico al reducir la burocracia central. Por otro lado, asambleas ambientales y científicos advierten que la fragmentación del control puede debilitar la protección de las reservas de agua dulce, especialmente en aquellas jurisdicciones donde los controles ambientales podrían ser más laxos frente a las presiones de las industrias extractivas.