El reciente impulso del Gobierno a la reforma electoral ha sido recibido en los pasillos del poder no solo como una búsqueda de transparencia institucional, sino como un movimiento táctico para retomar la iniciativa política. En un contexto marcado por la caída de la actividad económica y el malestar social, la agenda de la Boleta Única y la modificación de las primarias (PASO) busca desplazar el eje de la discusión pública hacia un terreno donde el oficialismo intenta confrontar con las estructuras tradicionales de poder.

Sin embargo, la jugada ha comenzado a mostrar efectos secundarios dentro del propio frente oficialista. Sectores con fuerte anclaje territorial y gobernadores aliados ven con desconfianza la eliminación de las PASO o el cambio en las reglas de juego a poco tiempo de los próximos cierres de listas, temiendo que la desregulación partidaria debilite sus armados locales. Estas fisuras internas amenazan con dilatar el tratamiento en las comisiones y obligan al Poder Ejecutivo a entablar negociaciones de último momento para asegurar la unidad de mando.

Desde la oposición, la lectura es similar: se acusa al Gobierno de utilizar la reforma como una herramienta para evitar debatir la situación social. Mientras tanto, el debate técnico sobre el costo del sistema electoral y la implementación de la nueva boleta queda en un segundo plano frente a la disputa por la configuración de las futuras mayorías parlamentarias. El Congreso se encamina así a un tratamiento complejo donde cada artículo del proyecto será una moneda de cambio en la interna oficialista y la relación con los bloques dialoguistas.