La Justicia dio un paso decisivo en la batalla legal por la reforma laboral al suspender la medida cautelar que impedía su aplicación. La resolución, dictada en las últimas horas, deja sin efecto la protección judicial que habían solicitado diversas centrales obreras y gremios, permitiendo que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo comiencen a regir plenamente en todo el territorio nacional.

Entre los puntos más sensibles que ahora entran en vigencia se encuentran la extensión del periodo de prueba para nuevos trabajadores, la eliminación de ciertas multas por falta de registro laboral y la creación de fondos de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales. Desde el sector empresarial han recibido la noticia con optimismo, argumentando que estos cambios brindarán seguridad jurídica para la contratación de personal en un contexto de crisis.

Por el contrario, los sectores sindicales ya han manifestado su rechazo y advierten sobre un posible incremento de la litigiosidad y la pérdida de derechos adquiridos. Las organizaciones gremiales planean apelar la decisión ante instancias superiores, considerando que la reforma afecta garantías constitucionales básicas. Mientras tanto, la decisión judicial marca un triunfo estratégico para el Gobierno, que busca consolidar su agenda de reformas estructurales para dinamizar el mercado de trabajo.