El proceso licitatorio para implementar el sistema de telemedicina en Santa Cruz sumó una definición clave: una de las ofertas quedará fuera de competencia tras un informe legal negativo. Se trata de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la firma Vitalmed, que no cumpliría con los requisitos legales vigentes.

La decisión fue confirmada por la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, quien sostuvo que la propuesta presenta incompatibilidades vinculadas a la Ley de Ética Pública. “Claramente esta empresa quedaría fuera de la competencia”, afirmó.

Según explicó la funcionaria, si bien el Estado no puede impedir la participación inicial de oferentes, sí debe garantizar el control durante el proceso. “No puede negar que participen, pero sí asegurar la evaluación para determinar si corresponde o no su continuidad”, indicó.

La exclusión se da en el marco de la evaluación técnica, administrativa y legal, previa a la apertura de la oferta económica. Desde el Gobierno señalaron que el Comité Evaluador continúa analizando al resto de los oferentes.

El proceso contempla varias etapas: revisión de requisitos técnicos, análisis de documentación administrativa, verificación de cumplimiento legal y condición como proveedor del Estado. Solo quienes superen estos filtros avanzarán a la instancia económica.

Más allá del proceso administrativo, la iniciativa de telemedicina aparece como una de las principales apuestas del sistema de salud provincial para enfrentar la falta de especialistas, especialmente en localidades alejadas.

“La telemedicina nos abre una puerta que ya la pandemia nos demostró que lo podemos hacer”, sostuvo Ross, y aclaró que se trata de una herramienta complementaria: “No viene a reemplazar al profesional, sino a acompañar al sistema de salud”.

El objetivo central es ampliar el acceso a consultas médicas en zonas donde la presencia de especialistas es limitada o esporádica. “Lo que más nos interesa es llegar a los lugares donde los profesionales van una vez cada 15 días o una vez a la semana”, explicó.

El proyecto contempla una inversión estimada de $5.000 millones para un período de 36 meses, con el objetivo de implementar y sostener el sistema en toda la provincia.

Mientras tanto, la licitación sigue en curso, ahora con una oferta menos en competencia, en un proceso que el Gobierno asegura se desarrolla bajo criterios de control y transparencia.