Los operativos fueron ordenados por la Justicia Federal de Santa Cruz y buscan determinar si dentro de la ONG existían mecanismos de captación de personas vulnerables y condiciones de trabajo compatibles con reducción a la servidumbre.

Según trascendió, las inspecciones se realizaron en inmuebles y espacios utilizados por la organización, donde jóvenes y adultos habrían desarrollado tareas de carpintería, ventas ambulantes y pedidos de colaboración económica.

Durante los procedimientos, efectivos de Prefectura secuestraron documentación, teléfonos, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, fuentes vinculadas a la causa señalaron que en algunos de los lugares allanados se detectaron pequeñas dosis de estupefacientes y posibles situaciones vinculadas a trata de personas.

Hasta el momento no se informaron detenciones y la causa continúa bajo estricta reserva judicial mientras avanzan las pericias y el análisis del material secuestrado.

La Justicia intenta establecer cómo funcionaban las actividades internas de la organización en la Patagonia y cuál era el destino de los fondos obtenidos mediante ventas y solicitudes de ayuda económica.

REMAR ya había sido investigada en otras provincias argentinas por denuncias similares relacionadas con explotación laboral y vulnerabilidad social.