Durante el encuentro, el referente sindical de Vialidad Nacional Distrito 23, Nahuel Santibáñez, cuestionó duramente la medida y alertó sobre el deterioro de la infraestructura vial, la falta de financiamiento y la incertidumbre laboral para los trabajadores del sector.

Santibáñez sostuvo que actualmente no existen condiciones técnicas ni operativas para implementar peajes en la provincia debido a la falta de controles de peso y balanzas homologadas. “No hay lugar para que hagamos un peaje. Las balanzas no están operativas porque el INTI, que debía homologarlas, no está funcionando”, afirmó.

El dirigente sindical también cuestionó el esquema jurídico del traspaso y aseguró que Nación “se lava las manos” al transferir la gestión de corredores sin ceder la titularidad de las rutas. Según explicó, las rutas continúan siendo nacionales, por lo que el Gobierno central podría recuperar la concesión en cualquier momento, generando conflictos legales y económicos para la provincia.

Además, advirtió sobre el posible impacto laboral para los trabajadores viales. “¿Qué va a pasar con los empleados que quedarían cesantes? Eso nadie lo responde”, señaló durante su exposición.

Otro de los puntos centrales del debate fue el estado crítico de la Ruta Nacional 3. Santibáñez describió sectores con obras inconclusas y zonas altamente peligrosas para la circulación, especialmente entre Ramón Santos y Tres Cerros. “Es un peligro inminente de que un camión despiste y choque de frente con una familia”, remarcó.

En ese contexto, cuestionó la viabilidad económica de las futuras concesiones privadas debido al escaso flujo vehicular en la Patagonia y al elevado costo que demandaría reconstruir completamente algunos tramos de la ruta. “¿Cuánto deberían cobrar el peaje para recuperar la inversión? ¿100 mil pesos? No dan los números”, expresó.

También criticó la falta de consulta a trabajadores y técnicos de Vialidad Nacional durante las negociaciones previas al decreto y alertó que la provincia no cuenta con recursos suficientes para afrontar el mantenimiento de la red vial. “Hoy no tenemos insumos ni para hacer bacheo. Si las rutas siguen destruyéndose, vamos a quedar incomunicados”, advirtió.

Tras la exposición, la comisión legislativa aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por la diputada Agostina Mora que expresa el repudio al decreto presidencial. La iniciativa fue girada posteriormente a la Comisión de Obras Públicas para continuar con su tratamiento.