Un caso de extrema gravedad sacude al sistema de salud de la provincia de Chaco tras la detención de Lidia Mabel Ojeda, una mujer que se hizo pasar por médica y habría atendido pacientes durante meses en hospitales públicos sin contar con título habilitante.

La situación comenzó a salir a la luz cuando el entonces director sanitario Orlando Di Núbila recibió advertencias del personal médico y de enfermería sobre irregularidades en el desempeño de la supuesta profesional. Entre las señales de alarma se mencionaban errores en prácticas básicas y decisiones clínicas cuestionables.

Según la investigación, Ojeda habría utilizado la matrícula de otro médico para ingresar al sistema y trabajar en centros de salud de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, en un contexto marcado por la falta de profesionales. Esta maniobra le permitió incluso firmar certificados oficiales, incluidas actas de defunción.

El impacto del caso va más allá de una irregularidad administrativa. En el expediente judicial se señala que la mujer firmó al menos nueve partidas de defunción, mientras familiares de pacientes denunciaron fallas graves en diagnósticos y tratamientos. Algunos testimonios describen situaciones de negligencia que habrían derivado en consecuencias irreversibles.

Uno de los episodios más mencionados es el de un paciente que recibió un diagnóstico erróneo y, tras una intervención tardía de otro profesional, logró sobrevivir aunque con secuelas graves. Otros casos, en cambio, terminaron con desenlaces fatales, lo que incrementó la preocupación social y judicial.

La investigación también puso el foco en cómo la mujer logró acceder a los cargos. Autoridades hospitalarias admitieron que su ingreso se produjo “a través de contactos”, lo que dejó en evidencia posibles fallas en los mecanismos de control y contratación dentro del sistema público.

En paralelo, el caso derivó en una controversia política. El funcionario que hizo pública la situación fue desplazado de su cargo poco después de la detención de Ojeda, lo que generó cuestionamientos sobre la respuesta del gobierno provincial encabezado por Leandro Zdero.

Desde el Ministerio de Salud local señalaron que los hechos responden a responsabilidades individuales, aunque el episodio abrió un debate más amplio sobre los controles estatales, la validación de matrículas profesionales y las condiciones en las que operan los centros de salud del interior.

La causa continúa en la Justicia, mientras se investigan posibles responsabilidades penales y administrativas, así como el alcance real de los daños ocasionados.