Contratos millonarios bajo sospecha

La causa investiga la adjudicación de obras para la ampliación de los gasoductos TGN y TGS entre 2006 y 2008, en un esquema que involucró inversiones superiores a los 2.300 millones de dólares. Según la acusación, existió un direccionamiento deliberado hacia Odebrecht, que habría accedido a los contratos sin competencia real. "Se privilegiaron intereses ajenos al bien común", remarcó el fiscal.

Una estructura para eludir controles

Uno de los puntos más graves señalados por la fiscalía es la presunta creación de una estructura paralela para evitar controles legales, utilizando a CAMMESA como intermediaria para canalizar los contratos. "Se organizó este desvío negocial al amparo de una compleja ingeniería burocrática", afirmó Luciani, quien sostuvo que se evitó deliberadamente la aplicación de la Ley de Obras Públicas. "Se eliminaron los frenos y contrapesos en favor de la corrupción", agregó, señalando que los acusados "diseñaron reglas a medida para manejar discrecionalmente recursos públicos".

El juicio continuará en los próximos días con los alegatos de las defensas, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos millonarios y el rol de exfuncionarios en decisiones clave del Estado.