El Parlamento de Portugal aprobó una reforma a la ley de nacionalidad que introduce criterios más estrictos para acceder a la ciudadanía. La medida se suma a cambios migratorios recientes y redefine el escenario para extranjeros que buscan establecerse de manera permanente en el país.

Entre las principales modificaciones, se amplían los plazos de residencia necesarios para iniciar el proceso de naturalización. A partir de ahora, quienes provengan de la Unión Europea o de países con vínculos lingüísticos deberán acreditar siete años de permanencia legal, mientras que para el resto de los extranjeros el requisito se eleva a diez años.

También se ajustan las condiciones vinculadas al nacimiento en territorio portugués. Los hijos de extranjeros nacidos en el país solo podrán acceder a la nacionalidad si al menos uno de sus padres demuestra un período mínimo de residencia legal más prolongado que el exigido anteriormente.

Otro cambio relevante es la eliminación de mecanismos especiales de acceso, como el régimen que beneficiaba a descendientes de judíos sefardíes. Asimismo, se refuerzan los requisitos para quienes soliciten la ciudadanía por ascendencia, incluyendo evaluaciones sobre idioma, historia y cultura.

La normativa incorpora además disposiciones relacionadas con sanciones. Se contempla la posibilidad de retirar la nacionalidad en casos de delitos graves cometidos por personas con doble ciudadanía, así como restricciones para quienes tengan antecedentes penales significativos.

El texto también pone énfasis en la necesidad de demostrar un vínculo efectivo con la sociedad portuguesa, lo que implica acreditar integración cultural y social.

Si bien la ley ya fue aprobada, aún debe atravesar instancias institucionales antes de su implementación definitiva, por lo que su entrada en vigencia podría experimentar modificaciones o demoras.