La resolución fue dictada por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, que lo encontró penalmente responsable del delito contemplado en el artículo 128 del Código Penal Argentino. La condena estableció una pena de tres años de prisión en suspenso.

A partir de la decisión judicial, el Ministerio dispuso el inicio de actuaciones administrativas internas y apartó al uniformado de sus funciones mientras avanza el proceso correspondiente.

El fallo también impuso una serie de condiciones obligatorias que deberán cumplirse durante un período de tres años. Entre ellas, fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados y Excarcelados de Santa Cruz.

Además, el condenado deberá abstenerse del consumo de drogas y del abuso de alcohol, junto con la obligación de realizar tratamiento médico y psicológico, según lo dispuso la Justicia.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que la institución mantiene una política de “tolerancia cero” frente a conductas que vulneren la ley y los principios que rigen el accionar policial.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y los valores institucionales”, señalaron oficialmente, al tiempo que advirtieron que cualquier acción contraria a la normativa será abordada “con la máxima firmeza y sin privilegios”.