La medida surge luego de una investigación iniciada por el fiscal general Ken Paxton y en el marco de la Ley del Senado 14, firmada por el gobernador Greg Abbott en 2023, que prohíbe tratamientos de afirmación de género para menores, incluyendo bloqueadores hormonales, terapias de reemplazo y cirugías.

Según el acuerdo, la nueva clínica brindará atención gratuita durante cinco años y ofrecerá asistencia médica y psicológica a quienes decidan interrumpir o revertir tratamientos vinculados a la transición de género. Además, cinco profesionales de la salud perderán sus privilegios médicos, aunque sus identidades no fueron reveladas públicamente.

Desde el hospital calificaron la resolución como un desenlace “difícil”, pero señalaron que el objetivo fue evitar litigios prolongados y garantizar recursos para continuar atendiendo pacientes.

La decisión generó fuertes repercusiones en Estados Unidos. Organizaciones y especialistas vinculados a los derechos LGBTIQ+ cuestionaron la intervención estatal y advirtieron sobre el impacto político y sanitario de la medida. 

Desde Equality Texas denunciaron que el acuerdo “ignora la evidencia científica”, mientras que referentes médicos insistieron en que las decisiones sobre tratamientos deberían quedar en manos de profesionales de la salud y no de dirigentes políticos.

Por otro lado, funcionarios republicanos defendieron la resolución y sostuvieron que el estado busca garantizar asistencia para personas que se arrepientan de haber iniciado tratamientos de transición.

El caso reaviva el debate nacional sobre los derechos trans, el acceso a tratamientos médicos para menores y el rol del Estado en las decisiones vinculadas a la salud de niños y adolescentes.