La oposición avanza en el Congreso con una estrategia para promover una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un escenario que abrió el debate sobre una herramienta constitucional que nunca fue utilizada desde su incorporación en la reforma de 1994.

El procedimiento establece que primero debe aprobarse un pedido de interpelación por mayoría absoluta en alguna de las cámaras. Luego, el funcionario deberá concurrir al Congreso para brindar explicaciones, instancia que habilita el tratamiento de la moción de censura.

Para que la medida prospere, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben aprobarla por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. De concretarse, Adorni sería removido de su cargo de manera inmediata.

La iniciativa surge en medio de cuestionamientos de distintos sectores opositores, que sostienen que el funcionario perdió la confianza necesaria para ejercer el rol de enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, aseguran que el jefe de Gabinete se presentará a brindar su informe de gestión ante el Senado y rechazan los argumentos para avanzar con la medida.

Especialistas en derecho constitucional coinciden en que se trata de una herramienta de control parlamentario con fuerte impacto político, aunque existen interpretaciones divergentes sobre sus alcances, especialmente respecto de la posibilidad de que el Presidente vuelva a designar al funcionario en caso de una eventual remoción.

Mientras la oposición busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proceso, el debate sobre la moción de censura vuelve a poner en primer plano una figura constitucional que, más de tres décadas después de su creación, aún no registra antecedentes de aplicación en la Argentina.