La presentación fue realizada por la fiscal de Estado, Natalia Linardi, quien sostuvo que la protesta estaría afectando el normal funcionamiento de las dependencias gubernamentales y obstaculizando el ingreso y egreso de vehículos oficiales.

Según la denuncia, la ocupación de los jardines y accesos a la sede gubernamental podría configurar los presuntos delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción.

Durante la jornada, personal de la Escribanía General de Gobierno y el jefe de custodia de Casa de Gobierno intimaron a los manifestantes para que retiraran las estructuras instaladas y liberaran los accesos.

Además, la Fiscalía solicitó medidas cautelares urgentes para restablecer la circulación vehicular y garantizar el funcionamiento de la administración pública. También pidió preservar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para incorporarlas a la investigación.

Uno de los puntos más relevantes de la presentación es la posibilidad de requerir la intervención de fuerzas federales si las autoridades provinciales no logran garantizar el despeje de los sectores bloqueados.

Por su parte, los policías y penitenciarios autoconvocados ratificaron la continuidad del acampe y las medidas de fuerza hasta la próxima reunión del Consejo del Salario, prevista para el 30 de junio.

Los referentes del sector aseguran que la protesta responde exclusivamente a un reclamo salarial y que la permanencia frente a Casa de Gobierno fue una decisión tomada por las bases.

Ahora será la Justicia provincial la que deberá resolver si adopta medidas para garantizar el libre acceso a la sede gubernamental mientras continúa el conflicto.