La iniciativa habilita acuerdos de conciliación con los tenedores de deuda, en el marco de un proceso que debía resolverse antes del 30 de junio, fecha límite establecida en las negociaciones con los llamados fondos buitre.

El acuerdo contempla el pago de 171 millones de dólares en total, distribuidos entre Bainbridge Ltd. y un grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, bajo un esquema de Entrega contra Pago (DVP), que implica la liberación simultánea de fondos y la cancelación de los bonos.

Además, se estableció que los acreedores asumirán los costos legales del litigio y se incorporó una cláusula de standstill, que impide nuevas acciones judiciales mientras se completa la operación.

La aprobación parlamentaria también permite levantar medidas de embargo que pesaban sobre activos soberanos argentinos en la Justicia de Estados Unidos, incluyendo acciones de empresas públicas.

El debate estuvo atravesado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Desde el Gobierno defendieron el acuerdo como una forma de cerrar un conflicto judicial de larga data, mientras que sectores opositores advirtieron sobre el impacto del entendimiento y posibles riesgos de endeudamiento futuro.