La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que busca garantizar la actualización de las partidas destinadas a las universidades públicas mientras continúa el tratamiento judicial de la causa principal.

El fallo responde al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), luego de que el Poder Ejecutivo no implementara la ley sancionada por el Congreso. Con esta resolución, el máximo tribunal ratificó las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia.

Entre los puntos alcanzados por la cautelar se encuentra la actualización por inflación de los salarios docentes y no docentes, así como de las Becas Belgrano y Progresar, cuyos montos permanecían sin modificaciones desde hace un tiempo.

La decisión también establece que el Gobierno deberá cumplir con la normativa mientras se resuelve el fondo del conflicto judicial, que incluye otros aspectos vinculados al financiamiento de las universidades nacionales, como los gastos de funcionamiento y el sostenimiento de los hospitales universitarios.

Desde el sistema universitario señalaron que la resolución representa un paso importante para garantizar el cumplimiento de la ley, aunque advirtieron que aún resta resolver la situación presupuestaria integral de las casas de estudio.