La resolución judicial establece que la AFA quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense luego de aprobar en 2024 el cambio de domicilio a la ciudad de Pilar.

De esta manera, los camaristas determinaron que la fiscalización y el control de legalidad de la entidad ya no corresponden a la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que había cuestionado el funcionamiento institucional de la casa madre del fútbol argentino.

En su fallo, la Cámara resolvió cancelar la inscripción de la AFA en el Registro Público administrado por la IGJ y declaró la nulidad de la resolución emitida por ese organismo en febrero de 2026.

Asimismo, los jueces también dejaron sin efecto la decisión del Ministerio de Justicia encabezado por Juan Bautista Mahiques, que había dispuesto la designación de veedores por un plazo de 180 días hábiles para supervisar el funcionamiento de la entidad.

La medida representa un respaldo judicial para la conducción de la AFA y ratifica que el control institucional de la organización permanecerá en jurisdicción bonaerense.