La medida busca dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde hace más de una década ordenaban su reincorporación, y pone fin a uno de los conflictos institucionales más prolongados de la historia santacruceña.

El origen del caso se remonta a septiembre de 1995, durante la gestión del entonces gobernador Néstor Kirchner, cuando la sanción de la Ley Provincial N° 2404 modificó la estructura del Ministerio Público y dividió el cargo que ocupaba Sosa, provocando su desplazamiento.

A partir de entonces se inició una extensa disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2009 y 2010, el máximo tribunal dictó sentencias ordenando expresamente la restitución de Sosa, aunque esas resoluciones no fueron cumplidas por las distintas administraciones provinciales durante más de dos décadas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la sanción de la ley representa el cumplimiento de una deuda institucional histórica y una decisión orientada a fortalecer el respeto por la división de poderes, el sistema republicano y las decisiones judiciales firmes.

Asimismo, remarcaron que la restitución busca cerrar definitivamente un conflicto que trascendió varios gobiernos y que mantuvo a Santa Cruz bajo observación de los organismos judiciales nacionales.

Con esta aprobación legislativa, la provincia avanza en el cumplimiento de una orden judicial pendiente desde hace más de diez años y da por concluido un caso considerado emblemático dentro de la historia institucional santacruceña.