El estudio advierte además sobre profundas desigualdades en la distribución de recursos destinados a estos organismos de control ciudadano.

El relevamiento, realizado por el Observatorio del Control Público, analizó la situación de las 23 provincias argentinas, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus principales conclusiones, señala que las provincias de Mendoza, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y La Pampa no cuentan con Defensoría del Pueblo, mientras que en Tierra del Fuego la situación institucional aparece como incierta.

A nivel nacional, la situación también presenta una vacancia prolongada. El cargo de Defensor del Pueblo de la Nación permanece sin titular desde hace 17 años debido a que el Congreso no logró designar una nueva autoridad.

El informe también indica que siete provincias no tienen partidas presupuestarias identificables para la función defensorial y que tres jurisdicciones concentran la mayor parte de los recursos disponibles. Según los datos relevados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Buenos Aires reúnen cerca del 91% del presupuesto destinado a las defensorías provinciales.

La directora del Observatorio del Control Público, Carla Pitiot, advirtió sobre el impacto de esta situación y sostuvo que “sin recursos no hay defensa posible de los derechos”. Además, señaló que la Defensoría del Pueblo de la Nación registra una de las inversiones por habitante más bajas del país.

¿Qué función cumple una Defensoría del Pueblo?

Las Defensorías del Pueblo son organismos creados para proteger los derechos de la ciudadanía frente a posibles abusos, omisiones o irregularidades por parte del Estado y, en determinados casos, de actores privados.

Entre sus principales funciones se encuentran la recepción de denuncias y reclamos, la promoción de derechos humanos, la evaluación de políticas públicas, la defensa de consumidores y usuarios, la intervención en conflictos relacionados con servicios públicos y la representación colectiva en causas judiciales de interés social.

El estudio concluye que la ausencia de estas instituciones o la falta de recursos para su funcionamiento limita el acceso de millones de personas a mecanismos de control y defensa de sus derechos.