Según el documento, las autoridades nicaragüenses no habrían implementado acciones efectivas para controlar el paso de mineros a través del río San Juan, utilizado como vía principal para el traslado de material extraído de forma ilegal en ambos lados de la frontera.

El informe también señala la presencia de nuevos puntos de extracción ilícita en áreas cercanas a zonas protegidas, así como el uso de campamentos y operaciones clandestinas vinculadas al procesamiento del oro.

Además, se advierte sobre el impacto de concesiones mineras otorgadas por Nicaragua a empresas extranjeras en regiones próximas a la frontera, lo que habría contribuido al incremento de la actividad extractiva.

Desde Costa Rica, autoridades expresaron preocupación por el avance del fenómeno y reforzaron operativos en sectores sensibles como Las Crucitas, mientras se evalúan nuevas medidas legales para regular la actividad minera en la zona.

Organizaciones ambientales piden mayor cooperación binacional y controles más estrictos para frenar el avance de redes de minería ilegal y contrabando en la región.