La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, y apunta a garantizar una distribución más equitativa de la cuota de captura, priorizando el empleo, la inversión y el desarrollo industrial en la provincia.

El nuevo sistema reemplazará el esquema anterior y establece que el 90% de la masa cuotificable se distribuya entre los actores del sector, mientras que el 10% restante quedará bajo una reserva administrativa provincial para atender necesidades estratégicas.

La asignación de cuotas se realizará mediante una evaluación que contempla factores como el empleo registrado, el historial de descargas, la capacidad industrial instalada, las inversiones y el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

Además, el régimen incorpora un sistema obligatorio de trazabilidad que permitirá el seguimiento completo del recurso desde su captura hasta su procesamiento y destino final, con el objetivo de fortalecer los controles y la transparencia en toda la cadena productiva.

El esquema tendrá una vigencia de diez años, con revisiones técnicas anuales para evaluar su funcionamiento y adaptarlo a la evolución de la actividad pesquera.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la medida busca que la merluza capturada en Santa Cruz genere mayor valor agregado dentro del territorio, impulsando el procesamiento en plantas locales y el crecimiento del empleo.