Desde la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, señalaron que la cuotificación puede convertirse en una herramienta positiva para ordenar la actividad, siempre que se construya con reglas claras, criterios objetivos y un enfoque verdaderamente federal.

La provincia sostiene que la administración del recurso debe contemplar no solo los antecedentes históricos de captura, sino también factores como la conservación del recurso, la generación de empleo, el procesamiento industrial, las inversiones y el desarrollo regional.

El principal argumento del reclamo provincial se basa en el cierre del Golfo San Jorge para la pesca del langostino durante ocho años, una medida que permitió proteger una de las principales áreas de reproducción y cría de la especie y que, según el Gobierno santacruceño, benefició a toda la pesquería nacional.

En ese marco, Santa Cruz considera "justo y razonable" que el futuro régimen contemple una cuota social de 50.000 toneladas para promover el desarrollo industrial, las descargas en puertos santacruceños y la generación de empleo.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, afirmó que el cierre del Golfo San Jorge permitió proteger el principal caladero reproductivo del langostino argentino y sostuvo que ese esfuerzo debe traducirse en una cuota concreta para la provincia.

Por su parte, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, remarcó que Santa Cruz "no pide un privilegio, pide lo que le corresponde" y aseguró que la provincia defenderá este planteo en todas las instancias de discusión.

Finalmente, el Gobierno provincial ratificó que mantendrá una postura firme en defensa de un régimen de cuotificación transparente, participativo y federal, en línea con la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer el desarrollo de la industria pesquera santacruceña.