Durante la reunión, trabajadores de la firma se manifestaron en las afueras del recinto expresando su preocupación por la continuidad de sus puestos laborales ante una eventual disolución de la sociedad.

En su exposición, Sívori describió a la empresa como “una radiografía de una empresa en movimiento”, destacó que cuenta con 57 empleados directos y remarcó que en 14 meses de gestión habría volcado alrededor de 2.400 millones de pesos al mercado local, priorizando proveedores santacruceños cuando es posible.

Además, detalló distintas unidades productivas en marcha, como la planta de procesamiento de pescado en San Julián, proyectos avícolas en Puerto Santa Cruz, desarrollos agroindustriales en El Calafate, la administración de un matadero en Gobernador Gregores, y talleres de carpintería y construcción de viviendas modulares.

Sívori también defendió el carácter jurídico de la sociedad, señalando que no cumple funciones estatales tradicionales y que actúa como “brazo ejecutor y comercial” para el desarrollo productivo, diferenciándola del rol de los ministerios provinciales.

Por último, advirtió que el debate legislativo sobre su posible disolución genera incertidumbre en el sector privado y reiteró su predisposición a aportar documentación e información requerida por los diputados.