El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar el régimen de Inocencia Fiscal, con el propósito de incentivar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero y ampliar el universo de contribuyentes que puedan acceder a los beneficios previstos por la normativa.

La iniciativa forma parte de la estrategia económica del Poder Ejecutivo para movilizar los ahorros en moneda extranjera que permanecen fuera del sistema bancario, fortalecer el mercado de capitales e impulsar la actividad económica.

Los principales cambios

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los topes patrimoniales vigentes para adherir al régimen. De aprobarse la reforma, personas con mayores ingresos o patrimonio también podrán acceder a los beneficios contemplados por la ley.

El texto mantiene como requisito que los fondos incorporados tengan origen lícito y, además, busca brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan adherirse al esquema.

También propone flexibilizar las condiciones para conservar los beneficios cuando existan diferencias menores en las declaraciones fiscales.

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el objetivo es que los contribuyentes tengan mayor previsibilidad y confianza, independientemente de futuros cambios de gobierno.

Buscan atraer dólares al circuito formal

Desde el Ejecutivo sostienen que una parte importante de los ahorros en dólares de los argentinos permanece fuera del sistema financiero y consideran que su incorporación permitiría ampliar el crédito, favorecer las inversiones y dinamizar la economía.

Con esta reforma, el Gobierno espera captar parte de esos fondos mediante un régimen que reduzca los riesgos fiscales para quienes regularicen su situación.

Comienza el debate en Diputados

El proyecto iniciará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con la aprobación de la iniciativa.

Durante el debate legislativo, uno de los ejes será el alcance de los beneficios propuestos y los mecanismos de control para garantizar que los fondos incorporados provengan de actividades lícitas.