Trabajadores de la empresa, que presta servicios farmacéuticos tanto en Tierra del Fuego como en territorio santacruceño, iniciaron una retención de tareas tras denunciar el incumplimiento en el pago de salarios desde hace dos meses.

En Río Gallegos, pese a la medida de fuerza, la Farmacia Moderna mantendrá la atención de urgencias para garantizar el acceso a medicamentos esenciales.

El origen del conflicto se encuentra en la deuda que OSEF mantiene con Autofarma por prestaciones farmacéuticas ya realizadas. A principios de este año, la empresa suspendió la cobertura para afiliados de la obra social al considerar que el nivel de endeudamiento comprometía su funcionamiento operativo.

Posteriormente, Autofarma intimó formalmente al Gobierno de Tierra del Fuego y denunció un pasivo superior a los 7.000 millones de pesos correspondientes a medicamentos entregados y prestaciones brindadas a más de 37 mil afiliados.

En los últimos días, integrantes del directorio de OSEF reconocieron públicamente la compleja situación financiera que atraviesa la obra social, marcada por deudas acumuladas con prestadores y laboratorios que ya derivaron en la interrupción de servicios farmacéuticos en distintas localidades fueguinas.

Mientras continúa la disputa entre la empresa y el Gobierno provincial, los trabajadores comenzaron a manifestar las consecuencias directas del conflicto.

Uno de los empleados de Río Gallegos explicó que el personal lleva dos meses sin percibir sus haberes y que, ante la falta de respuestas, decidieron implementar una retención de servicios durante 24 horas.

"Hace dos meses que trabajamos sin cobrar nuestros salarios. Nuestras familias ya no pueden esperar más", expresó.

Los trabajadores remarcaron además que la empresa cumplió con la provisión de medicamentos y prestaciones farmacéuticas a miles de afiliados durante todo este tiempo.

En ese contexto, reclamaron una respuesta urgente del Gobierno fueguino para destrabar los pagos adeudados y permitir que la empresa pueda regularizar los salarios de sus empleados.

El reclamo involucra a 202 trabajadores de Tierra del Fuego y Santa Cruz que dependen de la normalización del conflicto para percibir sus haberes y garantizar la continuidad del servicio.