Sin embargo, la sesión enfrenta dificultades debido a la ausencia de varios legisladores considerados dialoguistas. Según trascendió, al menos tres senadores radicales no asistirán al recinto, al igual que un representante de Provincias Unidas y los dos senadores santacruceños, quienes expresaron reparos sobre aspectos centrales de la propuesta.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto establece la eliminación de los límites actuales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque las operaciones deberán contar con la autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble.

La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera puedan adquirir tierras rurales, salvo que exista una autorización expresa tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo Nacional.

En el caso de las zonas de frontera, el proyecto exige además el aval de los gobiernos provinciales, el Ejecutivo nacional y el Congreso de la Nación para concretar cualquier operación inmobiliaria.

Otro de los aspectos contemplados en el dictamen es la incorporación del denominado "silencio administrativo". De esta manera, si en un plazo de 180 días no existe objeción por parte de las autoridades nacionales o provinciales, la operación quedará aprobada automáticamente y el comprador obtendrá la propiedad plena del inmueble.

La versión número 13 del dictamen mantuvo además la prohibición para que empresas privadas con participación estatal extranjera puedan acceder a tierras rurales en el país.