la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución del máximo tribunal rechazó los últimos recursos presentados y confirmó tanto la actualización del monto como las medidas destinadas a recuperar los fondos públicos que, según la sentencia, fueron desviados mediante el direccionamiento de 51 contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En el caso de Lázaro Báez, la Corte también rechazó el recurso con el que buscaba frenar las medidas vinculadas a la ejecución patrimonial. El empresario fue condenado a seis años de prisión y figura entre los responsables del perjuicio económico ocasionado al Estado.

Sin embargo, gran parte de su patrimonio ya fue afectado por otros procesos judiciales, entre ellos la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como Ruta del Dinero K, por lo que ahora la Justicia deberá determinar el alcance efectivo de su responsabilidad patrimonial.

Además de Cristina Kirchner y Báez, la condena alcanza a los ex funcionarios Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich, todos condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El decomiso comprende 111 bienes y el Tribunal Oral Federal N.º 2 ya inició el proceso de tasación de varias propiedades para avanzar con su eventual remate.

La actualización del monto se realizó sobre la base de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, que elevó el perjuicio económico estimado de 85.000 millones de pesos a los actuales 685.000 millones.