Bullrich defendió la reforma de la Ley de Tierras, pero persisten las críticas por la flexibilización de controles
Sin embargo, las principales críticas al proyecto apuntan a la eliminación de varios controles previstos en la legislación vigente, más allá del mantenimiento del límite del 25% de la superficie rural por provincia.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que "es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía", al presentar junto a los senadores Nadia Márquez y Agustín Coto los cambios incorporados al dictamen para facilitar su aprobación en la Cámara alta.
Bullrich afirmó que el Estado conserva sus facultades sobre el territorio y utilizó como ejemplo a la bodega Chandon, de capitales franceses, para señalar que una inversión extranjera no convierte una parte del país en territorio de otra nación.
Entre las modificaciones destacadas por el oficialismo, remarcó que se mantiene el límite del 25% de tierras rurales por provincia en manos extranjeras y que las empresas con participación estatal de otros países deberán contar con autorización nacional y provincial para adquirir inmuebles rurales.
Los cambios que generan mayor controversia
Las objeciones al proyecto se centran en la derogación de ocho artículos de la Ley 26.737, vigente desde 2011, que establecían restricciones adicionales para evitar la concentración de tierras.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del artículo 10, que fijaba un límite máximo de hectáreas que podía adquirir un mismo propietario extranjero, tomando como referencia 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con equivalencias según la productividad de cada región.
También se elimina el artículo 9, que impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de las tierras habilitadas para extranjeros. De aprobarse la reforma, ese límite dejará de existir.
El nuevo texto mantiene únicamente cuatro restricciones principales:
- Los Estados extranjeros no podrán comprar tierras rurales.
- Las empresas con participación estatal extranjera necesitarán autorización.
- Ningún extranjero podrá superar el 25% de la superficie rural de una provincia.
- Continuarán los controles en zonas de frontera.
De esta manera, el proyecto modifica el enfoque de la ley vigente: en lugar de establecer múltiples límites para las adquisiciones de extranjeros, pasa a definir únicamente las prohibiciones expresas.
El oficialismo busca la aprobación en el Senado
Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno sostiene que cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado. En caso de empate, la definición quedaría en manos del presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, quien presidirá la sesión debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel ejercerá interinamente la Presidencia durante la gira internacional de Javier Milei.
La reforma genera un fuerte debate entre quienes la consideran una herramienta para atraer inversiones y quienes advierten que la eliminación de controles podría facilitar una mayor concentración de tierras rurales en manos extranjeras.
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