Una estructura que atraviesa la frontera

El crimen organizado en el extremo sur de Chile y Argentina fue señalado como un fenómeno que supera los límites fronterizos y que requiere una estrategia conjunta entre ambos países.

La advertencia fue planteada por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, durante una jornada de la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno realizada en Punta Arenas.

Los funcionarios coincidieron en que las organizaciones criminales aprovechan las características geográficas de la Patagonia para trasladar drogas, cigarrillos de contrabando, armas y dinero entre ambos países.

Según explicó Crisosto, en buena parte de la frontera no existen accidentes geográficos que dificulten el cruce, lo que facilita los movimientos clandestinos pese a la existencia de seis pasos fronterizos oficiales.

Zárate, por su parte, sostuvo que algunas organizaciones incluso adquieren estancias del lado argentino para garantizar rutas de paso hacia Chile. La logística incluiría camiones de carga escoltados, comunicaciones satelitales y movimientos de dinero mediante billeteras virtuales y casas de cambio.

El contrabando de cigarrillos como fuente de financiamiento

Uno de los principales puntos señalados durante la exposición fue la relación entre el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico.

Crisosto informó que durante 2025 se secuestraron más de 600.000 cajetillas de cigarrillos y que existen más de 120 vehículos incautados en investigaciones por narcotráfico y contrabando, varios de ellos de alta gama.

La hipótesis de las fiscalías es que una misma estructura puede participar de diferentes actividades ilícitas y utilizar las ganancias del contrabando para financiar operaciones vinculadas al tráfico de drogas.

En ese contexto, los fiscales remarcaron la necesidad de avanzar sobre el patrimonio de las organizaciones criminales, mediante el seguimiento de cuentas, inmuebles y vehículos.

Reclaman mayor cooperación entre ambos países

Durante la jornada también se planteó la necesidad de acelerar el intercambio de información e inteligencia entre Argentina y Chile.

Zárate resumió la problemática con una advertencia: “La velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado”.

En esa línea, reclamó acuerdos que permitan una respuesta más rápida frente a organizaciones que, según el diagnóstico presentado, coordinan sus movimientos a ambos lados de la frontera.

Crisosto también mencionó un proyecto para instalar escáneres en pasos fronterizos, una iniciativa que cuenta con financiamiento del Gobierno Regional pero que todavía permanece pendiente.

También vigilan puertos y cárceles

La preocupación no se limita a los pasos terrestres. El fiscal de Magallanes señaló que el tránsito de naves mayores por el Estrecho de Magallanes aumentó 47% entre 2024 y 2025, mientras que el movimiento por el canal Beagle también creció.

Crisosto planteó que existen limitaciones legales para abordar embarcaciones sospechosas cuando no hay una denuncia o indicio previo.

Desde la autoridad marítima, sin embargo, señalaron que unas 2.500 embarcaciones atraviesan anualmente el Estrecho y que hasta el momento no se detectaron organizaciones dedicadas al traslado de grandes cantidades de droga hacia mercados internacionales a través de esas rutas.

Otro de los focos mencionados fueron los establecimientos penitenciarios. Según Crisosto, Magallanes mantiene 625 personas privadas de libertad distribuidas entre Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

Además, informó que los delitos vinculados con la Ley de Armas aumentaron más de un 200% entre 2023 y 2026.

Una alerta que alcanza a toda la Patagonia

La exposición dejó como principal conclusión la necesidad de fortalecer la cooperación entre las autoridades argentinas y chilenas.

Las fiscalías plantearon que las organizaciones criminales operan con estructuras que atraviesan la frontera y utilizan recursos financieros, logísticos y tecnológicos para sostener sus actividades.

Por eso, además de perseguir a sus integrantes, los investigadores consideran clave afectar los recursos económicos, vehículos e inmuebles utilizados por las organizaciones, para dificultar su capacidad de reorganización.