El Gobierno argentino presentó un nuevo pedido ante la Justicia de Estados Unidos para intentar frenar la ejecución del laudo del CIADI que obliga al país a pagar cerca de US$400 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

El reclamo se remonta a 2017, cuando el CIADI condenó a la Argentina a pagar US$321 millones más intereses al grupo español Marsans por la reestatización de las compañías aéreas. Con el paso de los años, los derechos sobre ese reclamo fueron adquiridos por Burford Capital y posteriormente por Titan Consortium, que actualmente reclama US$390,9 millones, más los intereses acumulados.

La disputa llegó a los tribunales de Washington

El expediente se tramita ante la Corte de Distrito de Columbia, donde Titan solicitó el reconocimiento y la ejecución del laudo.

La Argentina había planteado que el reclamo estaba prescripto y que el plazo para iniciar la acción era de tres años. Sin embargo, el tribunal estadounidense consideró que correspondía aplicar un plazo de doce años y reconoció la condena, incluidos intereses y costas.

En julio, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó esa decisión y rechazó el planteo argentino sobre la prescripción. El fallo dejó abierta la posibilidad de que Titan avance sobre activos argentinos alcanzados por la jurisdicción estadounidense para intentar cobrar la deuda.

La estrategia de la Procuración del Tesoro

Ante este escenario, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un pedido de revisión ante la misma Cámara de Apelaciones.

El planteo busca que el tribunal vuelva a analizar aspectos procesales y la interpretación del plazo para ejecutar el laudo. Si la presentación es rechazada, el Gobierno todavía podría intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las posibilidades de que el máximo tribunal tome el expediente son consideradas limitadas.

La estrategia oficial no contempla, por ahora, un pedido explícito de suspensión inmediata de la sentencia. El objetivo es encontrar alternativas procesales que permitan ganar tiempo y evitar que la ejecución avance de manera acelerada.

El antecedente del caso YPF

La Casa Rosada también toma como referencia la estrategia utilizada en el litigio por YPF, donde la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria impulsada por Burford y evitó una condena de US$18.000 millones.

El Gobierno busca replicar parte de esa estrategia jurídica en el caso Aerolíneas, aunque reconoce que el margen de maniobra es reducido.

En paralelo, también analiza la posibilidad de una negociación para establecer las condiciones de un eventual pago o reestructuración de la deuda.

El impacto sobre las cuentas públicas

El reclamo adquiere relevancia en un contexto de ajuste fiscal y restricciones externas. Un desembolso cercano a los US$400 millones supondría una presión adicional sobre las reservas y las cuentas públicas.

La discusión ya no se centra en la decisión de reestatizar Aerolíneas Argentinas, sino en las condiciones y los plazos para ejecutar el laudo reconocido por los tribunales estadounidenses.

El Gobierno apuesta ahora a mantener abierta la vía judicial, postergar una eventual ejecución y generar margen para negociar. Si la Cámara de Apelaciones rechaza el nuevo planteo, la última alternativa sería recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.