La medida incluyó una movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación y la reiteración de los reclamos por mejoras salariales y la convocatoria a la paritaria nacional.

Según informó el gremio, la huelga contó con una amplia participación de docentes en distintas provincias y estuvo acompañada por actividades de protesta en cada jurisdicción. En ese marco, la organización sostuvo que la respuesta de los trabajadores reflejó el compromiso con la defensa de la educación pública y de los derechos laborales.

La jornada coincidió con el regreso a clases en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno nacional realizó controles para relevar el nivel de adhesión en las escuelas, CTERA denunció que esos procedimientos constituyeron situaciones de "hostigamiento" hacia los docentes.

La movilización fue encabezada por la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, junto al secretario adjunto Roberto Baradel, integrantes de la conducción nacional del sindicato y representantes de las entidades de base. También participaron las federaciones universitarias CONADU y CONADU Histórica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante el acto, Alesso cuestionó la política educativa del Gobierno nacional y advirtió sobre una fuerte subejecución del presupuesto destinado al sector. Además, afirmó que los salarios docentes y la inversión educativa atraviesan uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.

La dirigente recordó que los sindicatos realizaron en los últimos meses paros, caravanas, radios abiertas y volanteadas para exigir la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, sin obtener respuestas por parte del Ejecutivo.

Entre los principales reclamos, CTERA exige la convocatoria urgente a la negociación paritaria, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el envío de los fondos nacionales destinados a educación que, según el gremio, permanecen pendientes de transferencia a las provincias.

Además, la organización reclama el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mayores inversiones en infraestructura escolar, la defensa del sistema jubilatorio docente y el rechazo a iniciativas que, según sostiene, profundizan el desfinanciamiento de la educación pública.