El Gobierno de Tierra del Fuego expresó su rechazo a la operación de un buque petrolero de bandera británica en el Puerto de Ushuaia y cuestionó al Gobierno nacional por las condiciones en las que se autorizó su ingreso.

A través de un comunicado, la administración fueguina calificó como “inadmisible” la presencia de una embarcación del Reino Unido en la terminal, mientras ese país mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El reclamo apunta también contra la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La Provincia sostiene que la medida es ilegítima y que ya fue cuestionada por la vía judicial.

La Provincia cuestionó el argumento de soberanía

Desde Tierra del Fuego señalaron una contradicción entre los fundamentos utilizados por Nación para intervenir el puerto y la posterior autorización para que opere allí un buque de bandera británica.

Según planteó el Ejecutivo fueguino, el Gobierno nacional justificó la intervención al considerar a Ushuaia un activo estratégico para resguardar la soberanía y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

En ese contexto, la Provincia sostuvo que permitir la operación de una embarcación británica resulta incompatible con ese argumento, especialmente por el valor estratégico de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida y por su ubicación en el Atlántico Sur.

Pedido de explicaciones y restitución del puerto

El Gobierno fueguino reclamó a Nación que informe de manera pública e inmediata cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación del buque.

Además, exigió el cese de la intervención y la restitución de la administración del Puerto de Ushuaia a la Provincia de Tierra del Fuego.

La administración provincial anticipó que continuará con las acciones judiciales contra la intervención y advirtió que defenderá sus competencias y los intereses estratégicos vinculados con el Atlántico Sur.

Finalmente, convocó a los poderes públicos, sectores políticos y a la ciudadanía a sostener la defensa del carácter estratégico del puerto y remarcó que la cuestión Malvinas constituye un objetivo permanente de la Argentina.